La irrupción de las tecnologías digitales ha transformado radicalmente la forma en que los Estados se relacionan con la ciudadanía. Chile no es la excepción. La Administración del Estado ha emprendido un proceso de modernización digital orientado a optimizar los servicios públicos, fortalecer la probidad y la ética administrativa, y facilitar el acceso y tramitación de los procedimientos administrativos. No obstante, este proceso plantea importantes desafíos para el marco normativo vigente, especialmente para el Derecho Público, el cual debe adecuar sus estructuras operativas y la diversidad institucional a una nueva realidad digital.

En este contexto, conviene recordar que el Derecho Administrativo chileno se ha desarrollado sobre la base de procedimientos que presuponen la comparecencia presencial de los interesados, el uso de expedientes físicos y la adopción de decisiones de manera sectorial y fragmentada. Este modelo no solo resulta ineficiente frente a las exigencias actuales, sino que también genera tensiones dentro del propio Estado: por un lado, se le exige uniformidad en sus procesos; por otro, se le demanda mayor eficacia y personalización en sus actuaciones. La transformación digital emerge, entonces, como una respuesta a esa dicotomía, que trasciende lo meramente tecnológico y abarca dimensiones jurídicas y políticas de primer orden.

Cabe advertir que la aspiración de un Estado digital supera la mera consagración normativa. El cambio que se busca es, ante todo, cultural: se pretende que la vocación de servicio del Estado se exprese mediante entornos digitales, donde el intercambio de información sea más formal, ágil y amplio, lo que se traduce en una mayor eficiencia en la gestión pública.

Sin embargo, los desafíos son múltiples. Por una parte, se requiere que toda la ciudadanía tenga un acceso equitativo a internet y cuente con las competencias necesarias para operar en entornos digitales, lo que aún dista de ser una realidad. Por otra parte, las asimetrías en recursos humanos y financieros entre los distintos órganos de la Administración podrían convertir este proceso en una simple declaración de intenciones. Por ello, resulta fundamental promover tanto el acceso y la alfabetización digital —ámbito en el cual Chile ha sido pionero— como la capacitación de los funcionarios públicos en competencias digitales, ciberseguridad y atención ciudadana.

En este escenario, la Ley N° 21.180, sobre Transformación Digital del Estado, publicada en 2019, se erige como un hito clave en el proceso de modernización administrativa. En términos generales, esta normativa impone a los órganos del Estado la obligación de digitalizar sus actuaciones y establecer plataformas que permitan a los ciudadanos intervenir en los procedimientos administrativos por medios electrónicos.

La estrategia de implementación de esta ley se ha centrado en el procedimiento administrativo general regulado por la Ley N° 19.880, estableciendo una aplicación progresiva. Esta gradualidad permite una transición desde la digitalización de los trámites más formales hasta la interoperabilidad plena entre los sistemas estatales, siendo esta última el verdadero salto cualitativo en la modernización del aparato público.

En efecto, el principio de interoperabilidad —entendido como la capacidad de los sistemas electrónicos de los distintos organismos para interactuar entre sí— es fundamental para concretar un Estado digital eficiente. Esta interconexión permitirá una coordinación efectiva entre los órganos de la Administración, con importantes ahorros en tiempo y recursos, tanto para el Estado como para las personas.

Un ejemplo emblemático es el impacto que la interoperabilidad puede tener en la llamada «permisología» en Chile: la integración de datos, su tratamiento coordinado y la centralización en su captación permitirán simplificar significativamente el sistema de permisos, autorizaciones y licencias requeridas para el desarrollo de actividades económicas. La implementación de plataformas integradas reducirá los tiempos de tramitación de proyectos, incrementará la transparencia institucional y fortalecerá la rendición de cuentas.

Por lo tanto, el rediseño normativo impulsado por la Ley de Transformación Digital solo será eficaz si se concretan todas sus etapas, en especial la interoperabilidad. De lo contrario, se corre el riesgo de trasladar los actuales cuellos de botella desde el papel a lo digital.

Ahora bien, la digitalización también genera nuevos riesgos. A medida que los trámites migran a plataformas electrónicas y se concentran datos personales en bases estatales, se hace indispensable contar con un marco robusto de protección de datos. En este sentido, la nueva Ley sobre Protección de Datos Personales —cuya entrada en vigencia está prevista para diciembre de 2026— representa un avance significativo, al crear una Agencia de Protección de Datos y establecer exigencias estrictas para el tratamiento de información personal en el sector público.

Finalmente, la modernización digital debe ir acompañada de mecanismos de control eficaces. Los órganos de fiscalización deben estar dotados de capacidades técnicas y jurídicas que les permitan supervisar la legalidad de las actuaciones electrónicas. Si se acompaña adecuadamente, la digitalización puede incluso fortalecer los mecanismos de control del ejercicio de las potestades públicas, en la medida que también se actualicen los procedimientos de rendición de cuentas.

El desafío, entonces, es de gran envergadura: adaptar el entramado jurídico consolidado a una realidad tecnológica en constante evolución. Ello conlleva riesgos, pero también constituye una oportunidad única para construir una Administración más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía. En consecuencia, la transformación digital debe concebirse no solo como una meta tecnológica, sino como un proyecto de modernización democrática al servicio del desarrollo del país.

Pablo Cañón, abogado, colaborador en Chirgwin.