En los últimos años, la masificación de la carrera de Derecho ha llevado a un aumento en el número de abogados, pero no necesariamente a una mejora en la calidad de la formación y la práctica profesional.
Casos recientes han puesto en evidencia la necesidad de establecer mecanismos de control ético más efectivos. Los colegios de abogados, tradicionales guardianes que siguen cumpliendo un rol importante en la regulación y supervisión, frente a este aumento de la masa profesional enfrentan desafíos mayores debido a la voluntariedad de la afiliación y a la falta de obligatoriedad en el cumplimiento de sus directrices.
No se puede dejar de lado tampoco la responsabilidad crucial de las universidades en la formación de abogados con sólidos principios éticos. Ya es imperioso revisar y actualizar los programas académicos para incluir contenidos que refuercen la ética profesional y la responsabilidad social, yendo más allá de la teoría legal, incorporando prácticas que fomenten la reflexión ética y el compromiso con la justicia.
Por otra parte, en lo que a estas alturas es un tema en gran parte relacionado con el desafío ético mencionado, la independencia del Poder Judicial está siendo cuestionada; la innegable politización de los nombramientos judiciales y las presiones externas comprometen la imparcialidad y autonomía de los jueces. Es esencial entonces implementar reformas que con las correcciones necesarias aseguren procesos transparentes y meritocráticos en la selección y evaluación de los magistrados, incluyendo un control ético.
Luego, con independencia de la discusión ya bizantina acerca de la mejor manera de efectuar el control ético del ejercicio profesional, por vía estrictamente jurisdiccional, exclusivamente colegial o una mixtura; lo relevante es que funcione. Para ello se deben establecer sistemas más rigurosos y obligatorios de supervisión ética, seguidos de sanciones claras y de seriedad suficiente para las infracciones.
Sin perjuicio, los Colegios de Abogados deben continuar y acrecentar sus programas de fomento y difusión, invitando a los profesionales a participar en seminarios, talleres y actividades que refuercen la importancia de la ética en la práctica diaria.
A su vez, la Escuelas de Derecho están o debieran estar en plan de actualizar los programas de estudio para incluir formación ética sólida, simulaciones prácticas y debates que permitan a los estudiantes confrontar dilemas éticos reales. Total, casos prácticos lamentablemente hoy sobran en la vida pública.
Y, por último, en la indispensable reforma en los procesos de nombramiento judicial, no se puede excluir la mirada ética a fin de asegurar la independencia judicial, eliminando la politización y garantizando que los nombramientos se basen en méritos y competencias.
A modo de conclusión, me parece que los desafíos éticos que enfrenta hoy la profesión legal en Chile requieren un enfoque integral que abarque desde la formación académica hasta la práctica profesional, incluyendo en éste al poder judicial, en cuanto al menos en su sistema de nombramientos, a fin de fortalecer su independencia.
Hernán Peñafiel, abogado, socio del área de litigios de Chirgwin.
