La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) inició una segunda consulta pública para modificar el régimen de consentimiento aplicable al acceso a información contenida en el Registro de Deuda Consolidada (REDEC).

Más allá de los ajustes regulatorios específicos, este proceso refleja una transformación más profunda: el consentimiento en materia financiera evoluciona hacia un modelo que exige mayor trazabilidad, verificabilidad y capacidad de gestión en entornos digitales.

En este contexto, las entidades financieras —incluyendo bancos, fintech, cooperativas, emisores, plataformas de crédito y proveedores tecnológicos— deberán revisar y reforzar sus prácticas internas, particularmente en materias como:

• La generación y resguardo de evidencia digital del consentimiento;
• La trazabilidad de su otorgamiento y revocación;
• La integridad y conservación de documentos asociados;
• Los mecanismos de acceso a información financiera;
• El uso de APIs y controles tecnológicos;
• La coordinación entre áreas legales, de cumplimiento, riesgo y tecnología.

El desarrollo del REDEC se perfila así como un caso práctico relevante de aplicación de principios de protección de datos personales en el ámbito crediticio, en un mercado financiero crecientemente digitalizado, donde el consentimiento deja de ser un acto formal para convertirse en un proceso robusto, auditable y central en la gestión del riesgo regulatorio.