Por Raquel Frattini | Chirgwin

Pasado el revuelo de los mercados por la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, tras una estrecha segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro, debemos plantear una pregunta especialmente relevante para Chile: ¿podrán dos gobiernos de orientaciones políticas diferentes profundizar la integración económica y generar nuevas oportunidades para las empresas?

La respuesta dependerá menos de las afinidades ideológicas que de la capacidad de ambos países para transformar sus intereses compartidos en resultados concretos.

La relación entre Lula y el presidente chileno, José Antonio Kast, ya ofrece señales de pragmatismo institucional. Ambos mandatarios se reunieron durante este año y, tras conocerse el resultado electoral, Kast llamó a Lula para felicitarlo, reafirmando su disposición a trabajar conjuntamente en integración económica y combate al crimen organizado. Es una señal relevante: las relaciones entre Estados deben trascender las diferencias políticas de sus gobiernos.

Para las empresas, la continuidad del gobierno de Lula permite anticipar una orientación económica y regulatoria conocida, aunque no necesariamente exenta de cambios. Brasil sigue enfrentando importantes desafíos fiscales, elevados costos de financiamiento y la implementación de una profunda reforma tributaria. La magnitud de su mercado y sus oportunidades de inversión conviven con un sistema jurídico y administrativo complejo, donde las competencias federales, estaduales y municipales inciden directamente en la actividad empresarial.

Un ejemplo concreto de los desafíos comerciales pendientes es la situación del salmón chileno en Brasil. La reforma tributaria brasileña dejó a este producto fuera de los alimentos beneficiados con tasa cero en el nuevo sistema de IVA, exponiéndolo a una tributación general estimada en torno al 26,5%. Aunque no se trata de un impuesto dirigido específicamente contra Chile, la diferencia de tratamiento respecto de otras proteínas podría afectar su competitividad en uno de sus principales mercados de exportación.

¿Será posible que la nueva etapa de relaciones entre Lula y Kast contribuya a revertir esta situación? La respuesta dependerá de la capacidad de las autoridades y del sector privado para impulsar soluciones dentro del marco legal brasileño. El caso representa una oportunidad concreta para demostrar que la diplomacia económica puede contribuir a resolver obstáculos que afectan directamente al comercio bilateral.

Otro desafío estratégico será dar al Corredor Bioceánico la importancia que merece. El proyecto, que conectará Brasil, Paraguay, Argentina y Chile mediante una ruta terrestre entre el Atlántico y los puertos del norte chileno, representa mucho más que una iniciativa de infraestructura: constituye una oportunidad de integración productiva y comercial para los cuatro países. Su desarrollo permitirá mejorar la conectividad, fortalecer las cadenas de suministro, atraer inversiones y facilitar el acceso a los mercados del Asia-Pacífico. Será imprescindible que los cuatro gobiernos lo asuman como una prioridad estratégica compartida, asegurando continuidad política, inversiones en infraestructura y coordinación aduanera y fronteriza. De poco servirán las nuevas carreteras si no están acompañadas de procedimientos eficientes y reglas que faciliten el tránsito internacional de mercancías.

El proyecto cuenta, además, con respaldo institucional. Los gobiernos de Chile y Brasil han reafirmado durante 2026 su compromiso con su implementación, reconociendo que la conectividad física debe ir acompañada de seguridad y coordinación operativa. La reelección de Lula ofrece continuidad a esa agenda, cuya materialización dependerá también de Paraguay y Argentina.

En este contexto, será igualmente esencial fortalecer la coordinación entre ApexBrasil y ProChile. La Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) y la Dirección General de Promoción de Exportaciones de Chile (ProChile) desempeñan un papel fundamental en la internacionalización de las empresas, la identificación de oportunidades comerciales y la conexión entre los sectores público y privado. Ambas instituciones suscribieron en abril de 2025 un acuerdo de cooperación para promover el comercio y las inversiones bilaterales. Profundizar esa colaboración, mantener canales técnicos permanentes y desarrollar iniciativas empresariales conjuntas será fundamental para que la integración económica avance con continuidad, independientemente de los ciclos políticos.

Chile y Brasil cuentan, además, con una sólida base de instrumentos jurídicos y comerciales. Entre ellos destacan el Acuerdo de Libre Comercio, vigente desde 2022, que complementa el ACE-35 de 1996, y el Convenio para Evitar la Doble Imposición en relación con los impuestos sobre la renta, modernizado mediante un protocolo modificatorio aplicable desde 2026. Estos instrumentos contribuyen a establecer reglas más claras para las operaciones transfronterizas, reducir obstáculos y otorgar mayor certeza a las inversiones. El desafío consiste en aprovecharlos efectivamente y avanzar en aquellas materias donde todavía existen barreras regulatorias o administrativas.

Desde la experiencia de quienes asesoramos negocios entre ambos países, las principales dificultades para invertir rara vez se encuentran exclusivamente en las relaciones diplomáticas. Las diferencias tributarias, las exigencias laborales, los procedimientos administrativos y las particularidades regulatorias suelen tener un impacto mucho más directo sobre las decisiones empresariales. Por ello, la previsibilidad normativa, la estabilidad institucional y la eficiencia de las autoridades seguirán siendo factores determinantes para atraer inversiones.

La reelección de Lula confirma la continuidad de un proyecto político en Brasil, mientras Chile desarrolla su propia agenda bajo la presidencia de Kast. Ambos gobiernos tienen la oportunidad de demostrar que la cooperación económica puede construirse sobre intereses compartidos, incluso cuando existen diferencias ideológicas.

Las elecciones definen gobiernos, pero son las instituciones, la seguridad jurídica y la capacidad de transformar acuerdos en resultados las que construyen relaciones comerciales duraderas. Para Chile y Brasil, esa debe ser la prioridad.

Raquel Frattini, abogada brasileña y chilena, desarrolladora de negocios y responsable del área de acuerdos internacionales de Chirgwin.