Al día siguiente de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias chilenas, el panorama se ve más claro y, francamente, bastante alentador.

La votación de ayer confirmó lo que los mercados llevaban meses antecipando: Chile vuelve a inclinarse hacia una agenda pro-mercado y de ley y orden. Jeannette Jara quedó primero con poco menos del 27%, José Antonio Kast siguió con casi un 24%, y los demás aspirantes de centro-derecha juntamente elevaron la proporción conservadora de votos muy por encima de la de la izquierda. Al mismo tiempo, el Partido Republicano de Kast y sus aliados lograron importantes avances en ambas cámaras del Congreso, convirtiéndose en el bloque más grande, aunque aún por debajo de los quóruns necesarios para cambiar por sí mismos las leyes de rango constitucional.

Para los inversores internacionales, el mensaje es doble. En primer lugar, no se ve ninguna ruptura anti-mercado: Chile seguirá siendo un país de instituciones fuertes, un banco central independiente y respeto por los contratos. En segundo lugar, es muy probable que la próxima administración esté liderada por un candidato cuyo programa busque explícitamente reactivar el crecimiento reduciendo la burocracia, repriorizando el gasto público y ampliando el espacio para la inversión privada, especialmente mediante concesiones y asociaciones público-privadas.

Kast ha presentado su propuesta como un «gobierno de emergencia» para restaurar el orden público, reactivar la economía y modernizar el Estado. Su plataforma se basa en una visión de estado subsidiario: el sector público establece las normas y garantiza los servicios básicos, pero es el sector privado quien invierte, construye y opera. Eso implica un ajuste fiscal de aproximadamente 6.000 millones de dólares en 18 meses mediante la eliminación de programas ineficientes y la fusión de servicios públicos superpuestos, combinado con una reforma fiscal proinversora que reduce la carga fiscal corporativa y simplifica el sistema en lugar de inventar nuevos gravámenes.

Sin embargo, el capítulo más relevante para los inversores extranjeros no es el impuesto sino la capacidad de ejecución. El equipo de Kast ha puesto un enorme énfasis en el cuello de botella que representan los permisos, las autorizaciones sectoriales y la inercia burocrática para la inversión. La propuesta de una «ventanilla única» totalmente digital con plazos máximos estrictos y sanciones por retrasos injustificados supondrá un cambio cuántico en la ejecución de los proyectos. Si esa reforma se implementa siquiera a medias, podría ahorrar meses —en algunos sectores— años en los plazos de entrega de los proyectos.

Igualmente importante es la propuesta de ampliación del modelo de concesión. Kast no solo habla de más carreteras y aeropuertos. Su programa menciona explícitamente la apertura de hospitales, prisiones, infraestructuras hídricas e incluso segmentos de vivienda social a la inversión privada bajo procesos de licitación transparentes, supervisados por una agencia nacional de concesiones técnicamente autónoma. Esa fórmula es familiar para muchos actores internacionales: contratos estables y a largo plazo, mecanismos arancelarios anclados en la ley y la posibilidad de arbitraje internacional. Para fondos especializados en infraestructuras, activos reales y rentabilidad a larga duración, Chile podría recuperar rápidamente su antiguo lugar privilegiado en su asignación a LatAm.

A esto se suma una clara intención de privatizar total o parcialmente empresas estatales no estratégicas y de profundizar los esquemas de PPP en transporte y logística. Para los inversores estratégicos ya presentes en el país, esto apunta a una cartera de oportunidades de brownfield y greenfield en sectores donde el estado ha sido históricamente un operador dominante. Para los recién llegados, sugiere puntos de entrada con marcos legales claros en lugar de improvisación.

El mercado ya había empezado a valorar una victoria de derechas mucho antes de ayer. Una nota reciente de Scotiabank Economics destacó que los activos chilenos se negociaban con un descuento que suponía ruido político pero no necesariamente un eje ejecutivo-legislativo completamente alineado.Una victoria conservadora en ambos ámbitos podría, por tanto, desbloquear la apreciación del peso y una recalificación de las acciones nacionales, especialmente en sectores sensibles a la regulación. Los resultados del Congreso de ayer, que confirman una fuerte presencia de la derecha, apuntan exactamente en esa dirección.

Nada de esto significa que una administración Kast tuviera un cheque en blanco. Aún tendrá que construir coaliciones legislativas —incluyendo, con toda probabilidad, el apoyo o abstención del «Partido de la Gente» de Franco Parisi y partes del centro-derecha tradicional— para aprobar reformas. En otras palabras: Chile puede estar moviéndose hacia la derecha, pero no está abandonando su cultura de gradualismo y negociación.

Desde la perspectiva del inversor, esa combinación es bastante atractiva. Un gobierno con un claro sesgo proempresarial y un Congreso inclinado a desregular y abrir nuevos sectores a la iniciativa privada, limitado por instituciones sólidas y altos quóruns, ofrece un escenario en el que las reformas favorables a las empresas son muy probables, pero cambios repentinos y arbitrarios en las políticas son altamente improbables. Comparado con el panorama regional, eso no es una ventaja trivial.

¿Qué significa todo esto en términos prácticos para los inversores extranjeros?

A corto plazo, suponiendo que Kast consolide su ventaja en las encuestas y gane la segunda vuelta del 14 de diciembre (Polymarket le da un 95% de posibilidades de ganar en esta fecha), es probable que veamos un repunte de alivio en los activos de riesgo chilenos y una mejora tangible en el sentimiento empresarial. Las transacciones que habían estado en pausa a la espera de claridad política deberían reactivarse, y no sería sorprendente ver un renovado interés en las empresas chilenas de infraestructuras, energía y servicios como objetivos de adquisición o alianzas. El principal riesgo en esta fase es el ruido de la ejecución: la composición del gabinete, el ritmo al que la nueva administración puede avanzar sus primeros proyectos de ley y el inevitable tira y afloja dentro de la derecha sobre las prioridades. Pero la dirección a seguir —hacia más crecimiento y mayor participación privada— parece clara.

A medio plazo, la cuestión clave es hasta qué punto la agenda de modernización estatal y concesiones de Kast se convierte en ley y práctica. Si el gobierno logra agilizar los permisos, expandir las PPC a nuevos sectores, ajustar el sistema fiscal en el margen a favor de la inversión y avanzar en la digitalización de los servicios públicos, Chile podrá recuperar su posición como referente regional en previsibilidad regulatoria y calidad de infraestructuras. Para los inversores extranjeros, eso se traduciría en una cartera más amplia de proyectos rentables, ciclos de desarrollo más cortos y más margen para estructurar operaciones sofisticadas de financiación y fusiones y adquisiciones en torno a activos que el Estado esté dispuesto a conceder o privatizar.

A largo plazo, la oportunidad es volver a anclar a Chile como un centro estable y orientado hacia el exterior para la inversión en el Cono Sur. Una administración proempresarial, respaldada por un Congreso que comparte su diagnóstico económico básico, puede, a lo largo de los años, reconstruir la confianza tras una década marcada por una política pública equivocada, un intento revolucionario fallido, disturbios sociales e incertidumbre constitucional. Si eso se logra sin sacrificar los controles institucionales que caracterizan al sistema chileno, el país seguirá destacando en América Latina por una razón sencilla: ofrece a los inversores una combinación que escasa en la región: reglas claras, profundo respeto por los contratos y una clase política que, a pesar de sus batallas ideológicas, entiende que la prosperidad a largo plazo depende de la iniciativa privada y del capital extranjero.

Para los inversores con un horizonte estratégico, este no es el momento de quedarse al margen. Es un momento para actualizar las suposiciones sobre el riesgo del país, revisar proyectos archivados y estar listos para actuar tan pronto como las nuevas reglas del juego —más amigables que las antiguas— empiecen a tomar forma.

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Andrés Chirgwin