Les compartimos la íntegra de la entrevista de Andrés Chirgwin sobre IA en la profesión legal: “El límite más importante está en el reemplazo de la toma de decisiones”
Andrés Chirgwin, socio administrador de Chirgwin, analizó en conversación con Actualidad Jurídica, el blog de DOE, los desafíos que plantea la inteligencia artificial para la profesión legal. En la entrevista abordó los riesgos cognitivos y formativos asociados al uso no consciente de estas herramientas, los límites entre apoyo tecnológico y responsabilidad profesional, los resguardos que deben adoptar los equipos legales y las habilidades que podrían marcar la diferencia en un mercado jurídico cada vez más automatizado.
La incorporación de inteligencia artificial, automatización y herramientas digitales está cambiando la forma en que trabajan los abogados y los estudios jurídicos. En términos generales, ¿cuáles son los principales desafíos que estas tecnologías plantean hoy para la profesión legal?
Diría que hay varios tipos de desafíos, pero tal vez el más esencial es uno de mediano plazo: los riesgos cognitivos y emocionales que produce la inteligencia artificial.
Eso también se relaciona con la estructura de los estudios jurídicos y con la formación de las nuevas generaciones. Son temas vinculados, aunque no totalmente iguales.
El uso no consciente de la inteligencia artificial puede generar efectos de deterioro cognitivo y formativo. En definitiva, los seres humanos tendemos al reposo, y el cerebro es un órgano que utiliza mucha energía. Entonces, hay una tendencia natural a sobreutilizar herramientas que pueden reemplazar aspectos relevantes para el desarrollo cognitivo y el ejercicio de las capacidades mentales de una persona.
En ese sentido, para la industria legal hay un riesgo de que los abogados se vuelvan peores abogados. Ese diría que es un riesgo para el mercado y para las instituciones.
Además, muchas de las funciones propias de los abogados jóvenes son de las más reemplazables por inteligencia artificial, como la investigación o la elaboración de primeros borradores. Eso puede afectar las posibilidades de trabajo para las nuevas generaciones y también su formación.
A mediano plazo, esto podría generar un deterioro en el nivel general de la profesión, tanto por un uso inconsciente de la inteligencia artificial como por una reducción en el número de abogados con buena formación.
Esos son, a mi juicio, los grandes desafíos. Existen otros más prácticos, del día a día, pero los principales son esos.
Uno de los debates actuales es cómo aprovechar la eficiencia que entregan estas herramientas sin reemplazar el criterio jurídico del abogado. ¿Dónde cree que debería trazarse el límite entre el apoyo tecnológico y la responsabilidad profesional?
La responsabilidad profesional siempre se va a mantener.
Dentro de la prestación de servicios jurídicos o de la elaboración de reportes jurídicos en una organización, sigue existiendo alguien que firma. Y ese firmante mantiene la responsabilidad, porque parte importante de su valor está precisamente en firmar: en decir “yo valido esto” o “yo afirmo esto”.
Eso se mantiene si el trabajo se hizo con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial o con una parte apoyada en inteligencia artificial.
El riesgo de un mal uso de la IA, o de un uso no verificado, es que aumenta la posibilidad de errores. Al mismo tiempo, no tener destreza para utilizar estas herramientas también puede disminuir la capacidad de aportar valor, independiente del tipo de práctica que tenga el abogado.
El límite más importante está en el reemplazo de la toma de decisiones. Ese es el punto clave.
Un ejemplo reciente que se ha comentado es el de una decisión judicial donde se filtró el prompt utilizado. Parte de ese prompt le indicaba a la inteligencia artificial que tomara la decisión sobre el caso. Eso es precisamente lo que no se debe hacer por ningún motivo.
Cuando eso ocurre, ya se delegó prácticamente todo el trabajo. Se saca el elemento humano de la decisión, y en el caso de impartir justicia eso es filosóficamente muy complejo.
Una cosa es usar inteligencia artificial como apoyo, y otra muy distinta es abstraerse del ejercicio intelectual y dejar que la máquina haga todo. Ahí está el límite.
Estas nuevas tecnologías también abren riesgos en materia de protección de datos personales y seguridad de la información. ¿Qué resguardos deberían adoptar los equipos legales antes de incorporar plataformas digitales o herramientas de IA en la práctica diaria?
Diría que hay dos temas.
El primero es la protección de datos personales, especialmente ahora con la nueva ley. Es una normativa rígida, basada en el modelo europeo, que establece obligaciones y riesgos para empresas y para todo tipo de personas que realicen tratamiento de datos.
Los estudios jurídicos, como cualquier otra empresa, están obligados a cumplir con esa normativa.
Pero en el caso particular de los estudios de abogados aparece, además, la confidencialidad de los clientes y la obligación del secreto profesional. Esa es una obligación propia de ciertas profesiones, incluida la profesión legal, y exige adoptar medidas más serias y estrictas respecto de los sistemas que se utilizan y la forma en que se utilizan.
Muchas herramientas de inteligencia artificial aprenden de las preguntas o de la información que reciben, por lo que existen riesgos vinculados a la captura de datos en nuevas consultas.
Ahí pueden producirse vulneraciones no dolosas, sino negligentes, de la obligación de secreto profesional que tiene el abogado.
Por eso, recomendaría que los estudios jurídicos y departamentos legales realicen una buena revisión técnica de las herramientas que usan, de sus obligaciones y de cómo esas herramientas se relacionan con el cumplimiento normativo y el secreto profesional.
Como mínimo, debe existir una revisión técnica y jurídica de los sistemas antes de incorporarlos al trabajo diario.
Mirando hacia el futuro, ¿qué habilidades cree que serán más relevantes para los abogados en un entorno marcado por la inteligencia artificial?
La industria legal es una de las más susceptibles a ser reemplazada, en muchos aspectos, por herramientas de inteligencia artificial.
Se suele decir que las destrezas más estratégicas y multifactoriales serán más difíciles de automatizar. Me refiero a aquellas capacidades que permiten integrar información dispersa para entregar una mejor asesoría a los clientes.
Las materias complejas, los análisis intangibles y todo lo que implique comprensión estratégica serán más difíciles de automatizar que el trabajo jurídico más puro y duro, como elaborar un contrato o un escrito.
También puede haber espacio para abogados con destrezas empáticas o de reconocimiento de emociones, en esta dimensión de captar aquello que la máquina todavía no capta del todo bien.
Pero lo que siempre se va a mantener es el sello de responsabilidad. Cada vez más, creo que los clientes van a pedir alguien que se haga responsable de una opinión o asesoría, para que una empresa o una persona pueda tomar decisiones sobre esa base.
Eso no lo hacen los sistemas. No puedes demandar por negligencia a ChatGPT por una asesoría jurídica.
Entonces, la responsabilidad profesional se va a mantener. Lo que cambiará mucho es cómo se llega a esa opinión.
