Desde el 1 de junio de 2026 entró en vigor el nuevo régimen asociado a la Resolución N°3 de la Contraloría General de la República, aplicable a los actos administrativos emitidos desde esa fecha. Este cambio, aunque pueda parecer técnico, tiene efectos relevantes para empresas y proyectos que dependen de permisos, concesiones, autorizaciones y otros hitos regulatorios.

La forma en que estos actos se tramitan y se someten a control de legalidad puede impactar directamente en el desarrollo de los proyectos, especialmente en términos de tiempos, exigencias documentales y definición de la estrategia regulatoria.

En este contexto, resulta clave prestar atención a tres dimensiones principales. En primer lugar, el timing, ya que los cronogramas pueden requerir ajustes y una revisión más detallada de la ruta administrativa. En segundo lugar, la documentación, donde la calidad, consistencia y robustez jurídica del expediente adquieren un rol aún más relevante. Finalmente, la estrategia, que deja de ser un aspecto operativo para convertirse en parte esencial del análisis de riesgos y del due diligence del proyecto.

Asimismo, la actualización del régimen refuerza la importancia de priorizar el control de legalidad sobre los actos más relevantes, lo que hace necesario anticipar contingencias regulatorias y revisar los procesos internos.

En proyectos altamente regulados, la gestión administrativa no es un detalle, sino un factor crítico de ejecución. Revisar permisos en tramitación, hitos regulatorios, coordinación entre áreas legales, técnicas y de negocio, y posibles contingencias de plazos resulta fundamental para avanzar con mayor certeza.

Comprender estos cambios a tiempo puede marcar una diferencia significativa en sectores intensivos en permisos, como energía, infraestructura y otras industrias estratégicas.